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La futura Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación y entrada en vigor se prevé para el último trimestre de 2023, tiene como objeto clave establecer un sistema de movilidad más sostenible, accesible, inclusivo y digitalizado, que impulse un desarrollo económico resiliente y se comprometa con la reducción de emisiones y la descarbonización de un sector que, en España, es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero –un 29 % en 2019–.
Uno de los objetivos que persigue esta normativa es dotar a las administraciones públicas de los instrumentos necesarios para la implantación y desarrollo de este sistema integrado de movilidad. Con miras a generar mecanismos de coordinación entre las administraciones, la nueva legislación propone la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que facilitará la cooperación a través de distintos instrumentos, tanto administrativos como tecnológicos y procedimentales, inspirado en otros sistemas ya existentes como el de Salud o Protección Civil.
Claves de la implantación de Zonas de Bajas Emisiones
En esa búsqueda de una legislación sólida y compartida, el pasado 21 de marzo entró ya en vigor la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, que incluye como infracción grave –con multas que ascienden hasta los 200 euros– el incumplimiento de los requisitos de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Estas son áreas urbanas delimitadas a las que no pueden acceder aquellos vehículos más contaminantes, pero sí aquellos que cumplen con mejores estándares de emisiones.
Esta nueva normativa se ampara bajo el paraguas de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por la que a partir del 1 de enero de 2023, estas zonas serán obligatorias para los municipios de más de 50.000 habitantes o aquellos de más de 20.000 con episodios de alta contaminación. Así, en España habrá casi 150 municipios que tendrán que aplicar esta medida, que podrá ajustarse a las consideraciones de cada ayuntamiento, aunque tomando como referencia los distintivos medioambientales europeos: A (sin etiqueta), B, C, ECO y CERO.
Hasta la fecha, solo tres grandes capitales, Madrid, Barcelona y Sevilla ya disponen de estas zonas –en Europa, doscientas urbes de diez países también las tienen–, aunque cada una con distintas particularidades. Madrid dispone de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Especial Protección de Distrito Centro, Madrid 360, antes conocida como Madrid Central, que solo permite el acceso y circulación a coches y vehículos de etiqueta CERO y ECO, aunque cuenta con una amplia lista de excepciones. Una política medioambiental que, en palabras de Borja Carbante, Delegado de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid «no libra una batalla enfermiza contra el coche», sino que busca «promover el uso de tecnologías limpias y sostenibles, tanto en el transporte como en otras fuentes emisoras».
La ZBE en Barcelona, en vigor desde 2018, comprende toda la ciudad, y parte de la periferia –un territorio veinte veces superior al establecido en Madrid– y restringe el acceso y la circulación a los coches y vehículos sin etiqueta de lunes a viernes entre las 07:00 y las 20:00. A partir del 1 de enero de este año, además, los camiones (N2 y N3) y pequeños autocares (M3) matriculados antes de 2007 también se ven afectados, mientras que los autobuses y autocares (M3) destinados al transporte de pasajeros podrán circular hasta junio de 2022, periodo en el que se pone fin a la moratoria establecida para ellos. El modelo barcelonés es el que se extrapolará al resto de ciudades españolas que tendrán que crear estas zonas antes de enero de 2023.
Sevilla, por su parte, tiene establecida una zona medioambiental sujeta a episodios de alta contaminación –es decir, no de aplicación permanente– en la que existen varios niveles y solo se discrimina a los vehículos sin etiqueta. Otras ciudades como Bilbao, Valencia, Logroño y Valladolid también cuentan con modelos muy similares que irán cambiando durante los próximos meses para ajustarse a la nueva normativa.
El futuro de la descarbonización de las ciudades
Más allá del establecimiento de estas Zonas de Bajas Emisiones, la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático es una iniciativa decisiva para descarbonizar la economía y cumplir con el Pacto Verde europeo. La transición que propone, y que ya está en marcha, debe ser justa y equitativa y abordar no solo la restricción y penalización de los vehículos a motor, ni otras medidas aisladas, sino un cambio de paradigma de la movilidad global.
Es necesario evolucionar hacia un modelo donde prime el transporte público, y que este sea eficiente, ágil y sostenible, así como priorizar los medios de transporte limpios, como la bicicleta o el patinete, y optar por vehículos eléctricos o de suscripción o renting que no reproduzcan los gastos e inconvenientes del coche de uso propio, sobre todo en las urbes más pobladas. «El renting ofrece a los usuarios la posibilidad de acceso a vehículos más ecológicos, a los que muchos clientes no podrían optar si se decantaran por la propiedad, además, esta modalidad de adquisición destaca por contar con un parque automovilístico más seguro, más tecnológico y comprometido con los nuevos retos medioambientales», asegura Sonsoles Martín-Garea, directora de Comunicación y RSC de ALD.
«Actualmente es más complejo reducir los niveles de los contaminantes de lo que lo era en 2005. Las medidas tecnológicas en vehículos, industria, generación eléctrica y calefacciones, entre otras, ya han dado de sí todo lo posible. Estas medidas deben ir evolucionando, sí. Pero dada la gran contribución del tráfico rodado, servirán de poco si no se acompañan de la reducción del número de vehículos circulantes urbanos», explica Xavier Querol Carceller, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA – CSIC), en este artículo.
El experto, además, proporciona otra de las claves para una evolución sostenible del transporte y la movilidad: el rediseño de nuestras calles y ciudades. Configurar nuestros espacios en favor de zonas verdes y peatonales, sobre todo en zonas cercanas a hospitales, centros educativos o geriátricos, es una de las alternativas que ya han escogido muchas ciudades europeas, pero en ello, en España, aún contamos con un amplio margen de mejora. Donde hay espacio de actuación, hay posibilidades, y con ellas se abre camino la evolución y el avance hacia un futuro más acorde con nuestros tiempos a la altura de las necesidades climáticas de nuestro planeta.
