El 10% de las carreteras españolas, en estado muy deficiente

De acuerdo con un estudio de la Asociación Española de la Carretera (AEC), que llevó a cabo una auditoría durante el segundo semestre de 2019 de más de 3.000 tramos de carreteras nacionales, el 10% de las carreteras de nuestro país presentan un estado muy deficiente. 

Desde la Asociación Española de la Carretera, además, se indica que sería necesaria una inversión global cercana a los 7.463 millones de euros para adecuar las carreteras españolas a los estándares de calidad y seguridad mínimos.

Desde 1985, esta asociación vigila con regularidad el estado de las vías; ahora, ha publicado los resultados de su último informe “Necesidades de Inversión en Conservación en España 2019-2020”, cuya elaboración recoge los datos obtenidos durante la segunda mitad del año pasado. Desde la AEC se inspeccionaron, a lo largo de 4.000 horas de trabajo, un total de 3.000 tramos de 100 metros, equivalentes a tres millones de metros cuadrados de pavimento, además de 3.000 señales viarias, 20.000 elementos de balizamiento o 900 km de marcas viales.

Entre las conclusiones que se obtienen de dicho informe destaca especialmente el hecho de que las infraestructuras de nuestras carreteras ha ido sufriendo un progresivo deterioro durante los últimos años sin que las administraciones públicas hayan llevado a cabo la debida inversión para revertir este hecho.

De hecho, según la AEC, a partir del año 2009, las carreteras españolas han sido “abandonadas a su suerte, víctimas de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos”. En concreto, indica que “entre 2009 y 2019, los recursos destinados a conservación y seguridad vial se han visto mermados en un 76%”.

Por todo ello, de acuerdo con el informe, “hasta 10.000 km de carreteras presentan deterioros graves en más del 50% de la superficie”, siendo las “roderas, grietas en las rodadas, agrietamientos gruesos, desintegraciones, deformaciones y grietas erráticas los daños más frecuentes”.

Desde la AER defienden la necesidad de dotar a las infraestructuras españolas de un “sistema de financiación” propio, algo que ya refleja la Ley de Movilidad presentada por el Gobierno y que se encuentra, en la actualidad, en trámite de estudio.