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Resulta innegable que el precio de los vehículos nuevos y de ocasión se ha disparado en los últimos años. En comparación con nuestra capacidad adquisitiva del pasado, los precios actuales de los coches pueden calificarse de elevados. Ahora, debemos de abordar la cuestión de por qué está ocurriendo todo esto.
Las marcas no están incrementando sus beneficios
Que los coches son más caros porque los fabricantes han aumentado su margen de beneficio es una hipótesis muy razonable. Sin embargo, no parece correcta. Las marcas publican datos de ventas y ganancias detallados y, por eso, podemos saber que su margen de beneficio oscila entre el 7,5% y el 3%. Y se trata de cifras que no suelen experimentar variaciones dramáticas.
Hay una mayor carga impositiva
El IVA no ha cambiado. Y formalmente, tampoco lo ha hecho el impuesto de matriculación. Sin embargo, desde enero de este año los vehículos más contaminantes deben pagar un mayor porcentaje, y muchas unidades han pasado de tributar un 0% a hacerlo un 4,75%. Se calcula que el cambio está afectando hasta al 40 % de las unidades vendidas, y que el impacto medio supone un aumento en el precio de unos 1.000 euros por coche.
Las leyes anticontaminación son más estrictas
Desde el año 2020, la Unión Europea ha comenzado a imponer multas a aquellos grupos de fabricantes que no consigan mantener por debajo de 95 g/km la media de emisiones de CO2 de sus modelos vendidos. Se pagan 95 euros por cada gramo excedido, de manera que un Renault Mégane, que homologa unas emisiones de 125 g/km, debería de pagar una multa de 2.850 euros.
Los coches más grandes
Los coches son cada vez más grandes y pesados. Se trata de un efecto derivado, especialmente, de la popularidad de los SUV, pero también de mejoras en la seguridad. Y lógicamente, ese incremento en materiales y sistemas tiene que traducirse en un aumento de peso.
Es más difícil homologar un coche
La Unión Europea ha decidido que, a partir de junio de este año, ciertos sistemas de seguridad activa sean obligatorios. Por su parte, EuroNCAP también ha endurecido sus pruebas, exigiendo disponer de nuevos sistemas de seguridad pasiva y activa para poder optar a las máximas calificaciones (en la práctica, es como si estos sistemas se volvieran obligatorios). El coste mínimo de fabricación de cada uno de esos sistemas ronda los 300 euros.
