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Mobileye y la DGT llegan a un acuerdo para impulsar el coche autónomo en España

Mobileye y la DGT llegan a un acuerdo para impulsar el coche autónomo en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la compañía tecnológica Mobileye han llegado a un importante acuerdo que pretende posicionar a España en la cabeza del desarrollo de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y de conducción autónoma.

La implantación del coche autónomo en nuestro país sigue dando pasos hacia adelante, y en esta ocasión es la DGT la que encabeza un proyecto de desarrollo de esta tecnología, al llegar a un importante acuerdo con Mobileye, una compañía perteneciente a Intel. No es, sin embargo, el primer acuerdo de este estilo suscrito por ambas entidades, ya que a principios de año ya suscribieron un primer convenio bilateral.

En esta ocasión, la Dirección General de Tráfico buscará las fórmulas necesarias para poder implantar sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) en flotas públicas y privadas para, así, contribuir a mejorar la seguridad vial gracias a una adecuada lectura de la carretera y, así, establecer las bases para la implantación del coche autónomo en España.

Los vehículos destinados a formar parte de este proyecto incorporarán tecnología de Mobileye, y pertenecerán a la flota de distintas entidades colaboradoras, ya sean de servicios municipales, empresas de transporte, servicios de carsharing o autobuses de transporte urbano.

Barcelona será, en este sentido, la primera ciudad española que servirá como piloto. Las previsiones tanto de la DGT como de Mobileye pasan por contar con una flota de 5.000 vehículos equipados con la tecnología necesaria para recopilar todo tipo de datos en directo sobre calles e infraestructuras de la ciudad, de tal forma que la recolección de esta información sirva para mejorar la cartografía digital de la ciudad condal.

España fue uno de los cinco primeros países en adaptar su legislación para permitir la circulación de vehículos autónomos en sus carreteras después de la aprobación, a finales del año 2015, de un Real Decreto que tenía por objeto atraer a inversores y empresas desarrolladoras de este tipo de tecnologías.

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