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El Gobierno sigue con su plan de establecer nuevos peajes en las carreteras, y se ha comprometido con Bruselas para tener listo este sistema antes del 30 de junio del año 2022, y comenzar a aplicar los peajes en 2024.
Eso es, al menos, lo que aparece en el informe de la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, en el que se trata el sistema de peajes en las carreteras. Según este documento, habrá “nuevos impuestos o pagos relacionados con la movilidad”. En este sentido, el Ejecutivo nacional tiene previsto que entre en vigor la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, en la que se incluye “la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que entrará en vigor en 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”.
Conscientes del posible rechazo social que puede provocar esta medida, el Gobierno tiene previsto poner en marcha una campaña de concienciación. Por ello, intentará buscar un acuerdo social y escuchará a transportistas, comunidades autónomas y demás administraciones públicas para conocer su voluntad para aceptar la inclusión del sistema de peajes en las carreteras.
En cuanto a los profesionales del transporte, el informe de la Comisión Europea explica que el Gobierno buscará que el coste de los peajes se asuma por parte de las empresas y no por los propios transportistas.
El ejecutivo presidido por Pedro Sánchez esgrime la necesidad de implantar el nuevo sistema de peajes en el alto coste de conservación que conlleva la red nacional de carreteras. Con ello, se espera garantizar un mejor estado de las mismas. “Con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes, y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, indica el informe europeo.
En un principio, el modelo de pago por uso mediante peajes solo se hará extensible a las autovías, aunque no se descarta acabar aplicándolo también al resto de carreteras si la inyección económica que conlleva no es suficiente para continuar sufragando el mantenimiento de la red de carreteras del estado. En cuanto a las tarifas que se aplicarán, el Gobierno aún no se ha pronunciado, aunque afirma que, en todo caso, “serán asumibles”.
