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El reto de electrificar la España rural

Hace ya unos cuantos años que un ensayo del escritor Sergio del Molino puso nombre a un fenómeno que lleva ya siglos marcando la realidad de los pueblos de nuestro país. Esa España vacía en palabras del autor –vaciada según otros colectivos– constituye uno de los principales retos demográficos a abordar durante las próximas décadas en cuanto a cuestiones que van más allá del envejecimiento de la población, la sanidad, la educación o el acceso a los servicios públicos. Y uno de esos puntos clave es, por supuesto, la movilidad.

La necesidad de descarbonizar la forma que nos movemos es indiscutible y no entiende de diferencias entre pueblos y ciudades. Si aproximadamente un 25% de las emisiones de CO2 son atribuibles al transporte –y, de ellas, casi el 95% proceden de los desplazamientos por carretera, según estimaciones del Ministerio de Transición Ecológica–, reducirlas es un compromiso global que pasa, entre otras soluciones, por la electrificación del parque de vehículos. Sin embargo, las propias circunstancias de la España rural y la urbana hace que los retos sean muy diferentes.

Los habitantes de las ciudades son quienes más sufren problemas como la contaminación del aire y la acústica, los atascos y la congestión del tráfico, pero también son quienes más opciones de movilidad sostenible tienen: a mayores frecuencias de transporte público se une la mayor oferta de vehículos de movilidad personal compartida como patinetes o bicicletas eléctricas, así como de diferentes plataformas de carsharing, por ejemplo.

En el mundo rural –e incluso en las ciudades pequeñas– no hay esos problemas de atascos o de contaminación del aire, pero, a diferencia de las grandes urbes, tampoco existen demasiadas alternativas al vehículo privado. Además, por si fuera poco, la escasez de puntos de recarga en estas zonas hace que el coche eléctrico tenga en los pueblos de España uno de sus mayores desafíos y una diferencia importante con la realidad de la movilidad urbana.

Una realidad desigual

Si ya estamos lejos de alcanzar los objetivos en cuanto al despliegue de este tipo de estaciones –hoy apenas hay instalados unos 17.000 puntos de recarga públicos, cuando la meta inicial del Gobierno era tener 100.000 en 2023–, la desigualdad territorial es otro de los grandes problemas. Según un informe reciente elaborado por el Observatorio de la Movilidad junto a la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), siete de cada diez puntos de recarga se encuentran en zonas urbanas grandes o medianas o, dicho de otra manera, apenas un 36% de ellos están en los pueblos o carreteras principales de nuestro país.

«La actual distribución de los puntos de carga se concentra al máximo en las áreas urbanas, donde los actores del mercado estiman que se concentra la demanda, con una disponibilidad muy inferior a lo largo de la red de carreteras principal y una presencia absolutamente residual en las áreas rurales que suponen más de cuatro quintas partes del territorio. La “alta” disponibilidad relativa de puntos de carga por población del medio rural es en gran medida un artefacto que no representa la realidad. De nada le sirve al habitante del medio rural esa supuesta disponibilidad per cápita, si en realidad tiene que realizar grandes desplazamientos para llegar a los puntos de carga. La superficie por puntos de carga está muy desequilibrada, 349 km2 en la España rural y 4,11 en la España urbana», explican en el informe.

Incluso dentro del territorio rural existen grandes desigualdades. Como señala el informe, es mucho más probable encontrar puntos de recargas en zonas costeras, especialmente en litoral Mediterráneo, que en las del interior peninsular. De hecho, en menos de un 5% del kilometraje de la red de carreteras principales se cumple actualmente el criterio de los 60 km entre puntos de carga –la obligatoriedad mínima exigida por el artículo 15 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuando nos referimos a alta potencia.

Precisamente la alta potencia o la carga super rápida es otro de los puntos clave al hablar de esta desigualdad territorial. Así, en Galicia, Cantabria, La Rioja y Navarra no hay un solo conector de alta potencia en todo su territorio. Tampoco lo hay en otras nueve provincias como son Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria y Teruel. Sumado, todo eso supone un descubierto que afecta a alrededor de 140.000 km2, el 28% de la superficie total de la España peninsular.

La oportunidad de la movilidad limpia

Esto supone una enorme brecha para las zonas rurales, pero también para la vertebración entre territorios y para la implantación del coche eléctrico a nivel nacional, ya que se necesita una red de carga rápida desplegada que haga posible recorrer grandes distancias en un país geográficamente extenso como el nuestro y no lo limite a pequeños desplazamientos.  También, para que nadie se quede atrás en la transición ecológica y energética y en el camino hacia una movilidad más sostenible.

Algunas localidades ya se han puesto manos a la obra y están trabajando para darle la vuelta a las cifras, aprovechando la carencia generalizada de puntos de recarga como una oportunidad para instalarlos. Por ejemplo, diferentes asociaciones de Castilla y León hace ya un par de años que plantearon la creación de una red de puntos de recarga, alimentados por energías renovables, en poblaciones entre mil y diez mil habitantes con alto potencial turístico.

El propio sector hotelero también ha señalado la necesidad de impulsar este tipo de movilidad e incluir puntos de recarga en los propios alojamientos rurales debido al aumento de la demanda por parte de sus visitantes y a las nuevas exigencias de quienes quieren practicar un turismo sostenible que pasa, sin duda, por una movilidad eléctrica que llegue a pueblos y ciudades.

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